Acceso a la Justicia – Propuestas

Se plantea la discriminación sexista de la sociedad y del Estado hacia las mujeres no madres, no hay políticas públicas que garanticen los derechos de este segmento de mujeres que es cada día más importante en número, por cuanto las mujeres  cada día retrasan más  la edad de casarse y tener hijos, incluso de no tenerlos.

Es importante el acceso de las mujeres a puestos de decisión y poder para lograr incidir en cambios culturales necesarios para reducir la violencia contra la mujer y el sexismo, porque la concepción del poder de las mujeres es diferente a la de los hombres, es inclinado al servicio público y no al poder por el poder en sí mismo. En el Zulia hay según el último censo 3.831.068 habitantes de los cuales la mitad aproximadamente, son mujeres y de ellas, un importante número son indígenas. Las costumbres y prácticas de estas etnias constituyen una especie de “bóveda intercultural” que dificulta las denuncias por violencia contra la mujer, es decir, el matrimonio pactado es una costumbre que aún se practica donde la mujer tiene una posición subordinada al marido siendo prácticamente de su “propiedad” y estando obligada a acatar y obedecer todo lo que éste disponga. Por esta situación, no es fácil ayudarles ante una situación de violencia machista, porque prelan sus costumbres en lugar de las leyes del país.

Así mismo los/as abogados/as no tienen formación en lengua wayuu, existiendo en consecuencia una barrera cultural que le impide comunicarse para prestar ayuda cuando estas mujeres indígenas logran romper el cerco familiar/cultural y deciden buscar ayuda por violencia contra la mujer.

En el Estado Zulia no hay estadísticas oficiales ni extraoficiales sobre violencia contra la mujer. No existen políticas públicas dirigidas a mujeres ni se legisla para resolver los problemas de las mujeres en general y de las Wayuu en particular.

Existe un sistema patriarcal arraigado en los municipios Mara, Guajira y Parroquia Idelfonso Vásquez de Maracaibo, que impide que las mujeres puedan promover sus denuncias por violencia de género, debido a la dependencia económica muchas desisten y abandonan los procesos penales retornando a los hogares con sus maltratadores, sean padres, parejas o hijos.

Según la experiencia de la Policía del Zulia y las fiscalías con competencia en materia de violencia contra la mujer, el 85% de las mujeres que denuncian son madres jóvenes, con edades comprendidas entre 14  y 20 años de edad con una alta carga familiar, en promedio cinco hijos. Siendo consecuencia de una alta tasa de embarazos adolescentes. Cabe señalar que el número de denuncias rebasa la capacidad de respuesta de la institucionalidad (cuerpos policiales, fiscalías y tribunales de violencia contra la mujer), no existen casas de abrigo ni cárceles para mujeres en el Estado Zulia, no existe un seguimiento y control de los casos dentro de las vías jurisdiccionales, tampoco se cuenta con formación permanente den funcionariado en materia de perspectiva de género, no hay políticas de igualdad de género ni paridad en la promoción de funcionarios dentro de los cuerpos policiales, las mujeres experimentan el techo de cristal en el acceso a cargos de poder y toma de decisión dentro de esas instituciones; no hay rendición de cuentas de los organismos competentes en la materia que permita evaluar y/o redirigir las acciones que se están implementando.

 Propuestas:

  1. Desarrollar políticas públicas dirigidas a las mujeres en materia de acceso a la justicia que tomen en consideración las características y necesidades de la población indígena del Estado Zulia.
  2. Desarrollar estrategias institucionales para lograr la transversalización de la perspectiva de igualdad de género a fin de que las mujeres puedan acceder a puestos de poder y toma de decisiones dentro de las instituciones públicas. (paridad en cargos públicos)
  3. Desarrollar campañas efectivas que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos de forma gratuita y oportuna, a fin de reducir en embarazo adolescente, la pobreza femenina y la dependencia económica que implican alto grado de vulnerabilidad de las mujeres a la violencia machista.
  4. Desarrollar programas educativos con perspectiva de género en todos los niveles de educación desde pre escolar hasta el nivel universitario.
  5. Elaboración de un Plan Nacional para la Prevención y Atención de las mujeres víctimas de violencia que tome en consideración la importante población indígena en los estados donde esta está presente como es el caso del Estado Zulia.
  6. El Estado venezolano debe desarrollar acciones conjuntas con las ONG que trabajan con mujeres víctimas de violencia proporcionando los recursos financieros necesarios.
  7. Desarrollar programas de formación y sensibilización en materia de violencia contra la mujer para los funcionarios receptores de las denuncias, para la no re victimización de la mujer. Sanciones reales e inmediatas para los funcionarios que no respeten a las víctimas.
  8. Desarrollar programas de capacitación en lenguas indígenas al personal que labora en instituciones públicas para garantizar los derechos de esta población a ser atendidos como ciudadanos del Estado venezolano.
  9. Desarrollar programas de apoyo para lograr independencia económica a mujeres víctimas de violencia.
  10. Cumplimento de las normas y leyes establecidas en materia de violencia basada en género.

Coordinadora: Nerlitt Torres (Fundación Blanca Nieves Sierra)

Relatora: Blanca Medina (Amnistía Internacional)

Integrantes de la mesa de trabajo:

 Ámbar Jiménez (Oficial de Policía del Estado Zulia)

Blanca Medina (Amnistía Internacional)

Elizabeth Bustamante (Oficial de Policía del Estado Zulia)

Fabiola Sánchez (Oficial de Policía del Estado Zulia)

Iriana Avalo (Oficial de Policía del Estado Zulia)

Jessica Ferrer (Oficial de Policía del Estado Zulia)

Karelis Bustamante (Oficial de Policía del Estado Zulia)

Kenny Rosales (Ministerio Público)

Lesbia Villasmil (Oficial de Policía del Estado Zulia)

Lilibeth Sandoval (Oficial de Policía del Estado Zulia)

Mileny Caridad (Oficial de Policía del Estado Zulia)

Nerlitt Torres (Fundación Blanca Nieves Sierra)

Sandra Castillo (Secretaría de Igualdad y Equidad de Género / Cuerpo de Policía del Estado Zulia)

Wendy Caraballo (Oficial de Policía del estado Zulia)