Acceso a la Justicia – Propuestas

La Violencia contra la Mujer es reconocida actualmente por Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia mundial con altas tasas de recurrencia en Latinoamérica. Venezuela carece de estadísticas segregadas o no incluyendo así un problema más al mismo.

La  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) contempla derechos plenos, sin discriminación, tanto a hombres como a mujeres. Además permite Acciones Positivas para enfrentar tales posibles discriminaciones. Sin embargo, la realidad nos enseña lecciones cotidianas de derechos vulnerados por la desigualdad que se sufre en un sistema patriarcal que los viola, tanto desde lo socio cultural, institucional, familiar como de pareja. Además, llegado el caso, también por parte de los garantes de la justicia y sus responsables. Sigue siendo uno de los delitos menos denunciados y, si se denuncian, de los que menos se llega a conclusiones (MP, 2014, informa de decisiones conclusivas en un 0,7% de miles de casos).

La ausencia de políticas públicas expresas y la utilización de recursos en capacitación ideológica nos enfrentan a la imposibilidad sistemática, en el ámbito nacional, de prevenir la problemática a lo que está obligado el estado (Convención para la Erradicación, Prevención y de la Violencia contra la VCM- Convención Belém Do Pará, 1994). Es un una asunción de relación desigual basada en género (Res 35, CEDAW, 2017) que puede desaprenderse y modelarse.

En la Región Andina, y en especial merideña, desde donde surgen todas estas reflexiones también  la Violencia contra la Mujer es un problema grave y que toma características especiales por su geografía con énfasis en poblaciones rurales. Las violencias contra las mujeres son un problema regional por diversas razones y así es evidente la necesidad de políticas y acciones que apunte al objetivo de promover una vida libre de violencia a las mujeres de la región. Es de hacer notar, que es una acción, la de la prevención, que puede y debe iniciarse en las regiones porque sus características especiales así lo amerita sin espera por lo urgente.

La violencia basada en género incluye actualmente en nuestro maltratado país la violencia social y del estado, la delictiva, alimentaria de medicamentos, entre otras, que están en auge y las que la mujer resulta la más vulnerable en la población general por su condición de pareja, madre soltera o embarazada precoz (OVDHM-FUNDAMUJER, 2017, Los Derechos de las Humanas).

Finalmente, la violencia contra la mujer en la región merideña es un problema cultural grave y a tomar muy en cuenta; el Instituto Merideño de la Mujer y las instancias presentes en  esta Mesa se comprometen a la lucha especializada y solidaria.

Propuestas:

  • Ampliar el ámbito de cobertura de todos los tipos de violencia en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV, 2017).
  • Exigir la aplicabilidad correcta, amplia y basada en los Principios Rectores de la LODMVLV.
  • Realizar campañas informativas, de sensibilización y de capacitación permanentes sobre la LODMVLV y las características de la problemática en los ámbitos internacionales, nacionales y regionales, con monitoreo especializado, a funcionarias y funcionarios; tanto en los Principios Rectores como en lo específico de la aplicación de esta ley.
  • Fomentar el bienestar socioeconómico de funcionarios y funcionarias responsables de buena parte de la aplicación de la ley citada en función de mejorar el acceso oportuno y eficaz a los órganos receptores de denuncias de la administración pública de justicia.
  • Proporcionar asesoramiento psicológico pertinente y suficiente a las mujeres víctimas de violencia.
  • Exigir Políticas Públicas en el orden de fomentar cambios profundos en los estereotipos sociales.
  • Exigir que se cumpla la programación educativo-preventiva pautada en el articulado de la Ley Orgánica que implica a Ministerios, Academia y todos los niveles de la educación formal para erradicar los estereotipos sociales que coadyuvan a la permanencia de los géneros en la sociedad patriarcal y que ello se extienda a las ONG para acciones en la educación no formal.
  • Difundir, a través de programas específicos actividades transversalizadas en la educación formal, tanto compartiendo objetivos como contenidos según las temáticas.
  • Promover el conocimiento y significado de los Derechos de las Mujeres en todos los ámbitos educativos.
  • Realizar, con carácter de urgencia campañas de prevención de la violencia en el noviazgo con alcance regional y nacional.
  • Realizar seguimiento y control de las medidas impuestas en los casos de violencia contra la mujer por parte de los funcionarios/as con la finalidad de obtener respuesta oportuna y eficaz de los órganos pertinentes de la administración pública.
  • Promover alianzas con instituciones públicas, privadas, ONG, gremios, sindicatos, universidades y cualquier otro tipo de organización que coadyuve en el mejoramiento de la calidad de atención de las víctimas de violencia y en la prevención de las violencias contra la mujer en cualquiera de sus formas.
  • Rescatar la figura de la Prefectura y sus funciones dentro de la institucionalidad del gobierno local e incluirlas dentro de la LOSDMVLV como un ente receptor de denuncia de violencia contra la mujer.
  • Exigir de la institucionalidad del sistema de justicia en materia de violencia contra la mujer la publicación periódica y regular de estadísticas oficiales sobre violencia contra la mujer incluyendo las cifras de feminicidios, tanto nacional como datos regionales.

 

 

Integrantes de la mesa de trabajo:

Ofelia Álvarez (FUNDAMUJER)

Mariana Fernández (Amnistía Internacional Mérida)

Luis Alejandro Ojeda G. (Observatorio de DDHH de la ULA)

María Lozano (Estudiante de Bioanálisis de la ULA)

María Alejandra Márquez (Docente de la ULA)

Adali Molina (Directora del Instituto Merideño de la Mujer)