Acceso a la Justicia – Propuestas

La discriminación contra las mujeres por motivos de género es un problema estructural histórico de las diferentes sociedades del planeta, cada una con sus características particulares de acuerdo a su sistema político y las religiones oficiales de cada país. Las desigualdades e inequidades contra las mujeres se expresan en violencia y es la principal forma de violación de DDHH a nivel mundial, es un grave impedimento para el goce real y efectivo de todos sus derechos como seres humanas. El acceso a la justicia es la forma de restituir los derechos vulnerados y de garantizar los DDHH a las mujeres sin discriminación de ningún tipo, es un indicador de ciudadanía, se trata de obtener una respuesta judicial efectiva y oportuna, mediante recursos sencillos, idóneos, expeditos e imparciales, para sancionar y reparar los actos de violación de derechos contra las mujeres.

El acceso a la justicia de la Mujer son derechos claramente establecidos en la Constitución y las leyes, que en muchos casos son vulnerados por la segregación de género que existe entre quienes son los garantes de la justicia y los responsables de impartirla, esta vulnerabilidad y los pocos canales correctivos, aunado a que la violencia contra la mujer sea uno de los menos denunciados, por desinformación o pobreza, permite inferir que ello contribuye al aumento los índices de femicidio en la población.

Ante esta situación se generan dudas respecto a la capacidad del sistema judicial en materia de violencia contra la mujer y el sistema de salud, para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la justicia y su adecuado tratamiento cuando están bajo tutela por motivos de enfermedades mentales; así mismo, es pertinente conocer si la población general y en particular la femenina cuenta con información suficiente acerca de sus derechos a la justicia y cómo puede el Estado garantizarle este derecho, y si existen investigaciones que permitan determinar si la pobreza es un factor que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres e incide en el acceso de las mujeres a la justicia y qué ha hecho el Estado al respecto.

Derechos de Las Mujeres Privadas de Libertad:

Las mujeres privadas de libertad son afectadas de manera diferenciada por su condición de género durante todo el proceso penal, desde el momento de la detención hasta la asignación del sitio de reclusión. Las mujeres privadas de libertad no cuentan con un proceso justo basado en su condición humana que respete sus diferencias, como es el caso de mujeres embarazadas o madres. Las privadas de libertad bajo el sistema penitenciario actual, en la mayoría de los casos no solo pierde su libertad, sino que también pierden sus derechos fundamentales y el acceso a la justicia, pasan a estar subordinadas y a la “disposición” de los custodios del recinto y en muchos de los casos, del pranato (jefes de bandas delictivas) que domina la cárcel.

Por lo anteriormente expuesto, se plantean como interrogantes la capacidad del sistema judicial para enjuiciar de forma idónea a las mujeres resguardando todas sus garantías, si existen mecanismos eficaces para que las privadas de libertad puedan reclamar sus derechos sin que sean menoscabados por las mafias de custodios corruptos y el pranato dominante en los diferentes recintos penitenciarios y si es posible establecer mecanismos eficaces que preserven la integridad de las privadas de libertad que denuncian abusos y maltratos dentro de los internados judiciales.

Propuestas:

Con relación a las mujeres recluidas en Centros Penitenciarios:

 1- Desarrollar el sistema de justicia penal y en particular, el sistema de justicia en materia de violencia contra la mujer para que sean reales y efectivas las garantías de los DDHH de las mujeres juzgadas en Venezuela y de las que demandan justicia ante los tribunales.

2- Desarrollar políticas públicas en materia penitenciaria dirigidas a la creación de centros penales para mujeres que sean autónomos funcional y financieramente de las cárceles masculinas, es decir, erradicar la política de anexos femeninos dirigidos y presupuestariamente dependientes de quienes gerencian las cárceles de hombres, con el fin de lograr desarrollar un sistema reeducativo con perspectiva de igualdad de género que tome en consideración las necesidades diferenciadas de las mujeres presas y sus hijas/os.

3- Creación de tribunales y fiscalías competentes en materia de violencia contra la mujer en todas las ciudades y municipios del Estado Carabobo como forma de garantizar el acceso real y efectivo de las mujeres a la justicia.

4- Desarrollar programas de capacitación laboral y reeducación con perspectiva de igualdad de género dirigidos a la población penitenciaria femenina que permita la reincorporación en condiciones favorables para promover la autogestión e independencia económica de las mujeres.

5- Exigir al Estado un sistema de justicia responsable y garante de la tutela judicial efectiva para el goce y disfrute de los derechos fundamentales.

6- Desarrollar campañas a través de los medios de comunicación   que promuevan los DDHH de las mujeres a una vida libre de violencia, divulguen la LOSDMVLV y orienten a las comunidades sobre cómo solicitar protección a través de la red institucional en la materia.

Con relación a las mujeres recluidas en Centros Hospitalarios Psiquiátricos:

1- Desarrollar políticas públicas en materia de salud mental de las mujeres con perspectiva de igualdad de género que garanticen la calidad de atención y los DDHH de la población femenina atendida en la red de instituciones psiquiátricas existentes en Venezuela.

Coordinadora: Lyli López (CEDALCA)

Relatora: María Teresa Giugni (Especialista)

Integrantes de la mesa de trabajo:

 Clina Katherin Arveláez (INSALUD)

Karina Sánchez (Especialista)

Lily López (CEDALCA)

María Teresa Giugni (Especialista)