Independencia Económica – Propuestas

La independencia económica de las mujeres implica no solo disponer de recursos económicos sino tener autonomía en la toma de decisiones y libertad de acción sobre su vida personal. Estas condiciones en el contexto actual de Venezuela son complicadas, la pobreza por ingresos según la Encuesta sobre Condiciones de Vida ENCOVI sitúa en 82% de los hogares en situación de pobreza para el año 2016, es decir, hay 9,6 millones de venezolanos que come dos (2) o menos veces al día con frecuente ausencia de proteínas en sus platos, con el agravante de que Venezuela ha tenido durante los tres últimos años la inflación más alta del planeta.

Siendo este el contexto económico dentro del cual se mueve la población y que afecta diferenciadamente a las mujeres por su condición de género, en una sociedad sexista, patriarcal y machista como la venezolana, es de significativa importancia que todas las acciones de políticas públicas que se tomen para lograr la independencia económica de las mujeres deban tener desde su  diseño e implementación, la perspectiva de igualdad de género y DDHH de las mujeres. La discriminación y subordinación de la mujer condiciona su autonomía personal y económica

Las características de las trabajadoras venezolanas según la edad se ubican entre los 25 y los 59 años de edad, a partir de los 30 años, la ocupación supera el 90% del total de las mujeres que trabajan, siendo las mujeres entre 15 y 29 años las más afectadas por el desempleo debido a que se encuentran en la etapa de formación de la familia y crianza de hijos en edad de cuidado. Venezuela tiene 13 millones de trabajadores, de esta masa laboral, 5,2 millones son mujeres, es decir, que 4 de cada 10 trabajadores en el país son mujeres, siendo mayor la proporción de trabajadoras a medida que la escolaridad es más elevada, de hecho 4 de cada 10 mujeres incorporadas al mercado laboral tienen doce o más años de escolaridad.

En Venezuela, la pobreza tiene rostro de mujer; por cada 100 hombres pobres hay 118 mujeres en la misma condición, con la desventaja añadida de la discriminación por su género. La autonomía de las mujeres está seriamente comprometida, pues un tercio de las mujeres venezolanas no logran generar ingresos para su autosuficiencia y casi el 50% está fuera del mercado laboral formal en actividades económicas informales que solo representan una alternativa de subsistencia precaria.

La brecha salarial es una cruda realidad, las mujeres asalariadas reciben en promedio 18% menos ingresos que los hombres con la misma experiencia y calificación, brecha que se acrecienta a medida que las mujeres tienen menos años de estudio, e incluso es del 46% en relación a hombres que trabajan por cuenta propia. La doble y hasta triple jornada laboral incide directamente en las oportunidades que tiene la mujer para lograr su autonomía e independencia económica. La maternidad adolescente limita significativamente las oportunidades de desarrollo personal de las mujeres, la prosecución escolar y calificación profesional; situación que se convierte en un fenómeno reproductor de pobreza femenina. Venezuela es el país con la tasa más alta de embarazo adolescente de la región: 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad. De allí la necesidad del diseño e implementación de políticas que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas y las jóvenes.

El país tiene ante sí un gran reto en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con los 17 objetivos o áreas temáticas urgentes que guían la acción para combatir la desigualdad y la pobreza, en el entendido de que la desigualdad no es neutra y que una de las columnas que sostiene esa estructura inequitativa es la desigualdad de género. A pesar de las grandes dificultades por las que atraviesa el país dentro de la coyuntura actual, Venezuela tiene en este momento una ventaja demográfica que se debe aprovechar y que constituye un escenario de oportunidades.

Esta ventaja demográfica es un fenómeno de transición que ocurre una sola  vez en la historia de los países y que tiene una duración aproximada de veinte (20) años; Venezuela está experimentando este fenómeno desde hace casi una década. El llamado “Bono demográfico” ocurre cuando el volumen de la población en edad productiva (entre 14 y 59 años de edad) supera a la población dependiente conformada por niñas/os y ancianos, cambiando favorablemente la relación de dependencia y ofreciendo oportunidades para el incremento de las tasas de ahorro y el crecimiento de la economía, por el incremento de ingresos y la acumulación acelerada de capital.

Para aprovechar este valioso momento se deben generar las condiciones políticas, económicas, sociales, cívicas y culturales que permitan que la población activa supere las condiciones precarias en las cuales vive, para lograr las oportunidades de mayores niveles de calidad de vida y bienestar, que permitan al país salir del subdesarrollo. De acuerdo con estimaciones poblacionales, Venezuela cuenta actualmente con 17 millones de mujeres y hombres en edad de trabajar, para el año 2045 se estima que sean 24 millones de personas disponibles para participar económicamente a través de empleos de allí que la reactivación del aparato productivo y el crecimiento económico sean uno de los principales retos para aprovechar tan valiosa y poco común oportunidad.

Sin embargo, para generar riqueza y progreso es requisito indispensable contar con la mano de obra calificada que demanda el actual mercado de trabajo, ya que para el año 2050 este volumen de personas que constituyeron el “bono demográfico” pasarán a ser de tercera edad y en consecuencia, ser parte de la población dependiente que demanda mayores servicios de salud y seguridad social.

Propuestas:

  1. Desarrollar campañas sobre nuevas masculinidades para cambiar patrones culturales machistas y promover la redistribución de roles en las tareas domésticas y de cuidado, así como fomentar la paternidad responsable.
  2. Promover una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas y económicas con el objeto de lograr cambios en las relaciones laborales, que constituyan mejoras sustanciales en la calidad y cantidad del empleo femenino.
  3. Adopción de medidas de acción positiva a favor de la igualdad de oportunidades, eliminación de la brecha salarial y las discriminaciones por razones de género en el acceso al empleo.
  4. Promover programas de emprendimiento femenino que incentiven proyectos económicos que sean viables y rentable que garantizar un nivel y calidad de vida y contribuya a superar la situación de pobreza y la dependencia económica de las mujeres.

Coordinadora: Ileana La Rosa (Aliadas en Cadena)

Relatora: Lic. Ana Isabel Taboada (Presidenta Cámara de Comercio Valencia)

 Integrantes de la mesa de trabajo:

Gisela Paiva (Alcaldía de Naguanagua)

Ileana La Rosa (Aliadas en Cadena)

Isa Taboada (Cámara de Comercio de Valencia)

Marianella Tarache (SUEPGEC)

Marfeni Arias (SUEPGEC)

María Villalobos (Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación de Carabobo SUEPGEC)

Vanesa Castillo (Alcaldía de Naguanagua)

Victoria Montalvo (SUEPGEC)