Trabajo y Vulnerabilidad Social

En la actualidad, han aumentado considerablemente los casos de madres con hijos en condición de discapacidad que carecen de la ayuda económica y emocional de los padres de los mismos, quienes suelen excusarse de manera irresponsable de sus compromisos legales y afectivos. En otros casos, el padre se dispone a colaborar pero siendo él mismo el que dispone cuándo y con cuánto puede ayudar. Si la madre demanda siente que crea mayores complicaciones, en especial cuando la figura paterna no posee los medios suficientes para sostenerse a sí mismo. Ante la dificultad de las madres o padres para la manutención, cuidado y educación de esta población afectada, el Estado ha creado figuras de apoyo, monitoreo y asistencia a la persona con discapacidad tales como el Consejo de Tutela, (generalmente conformado por otros familiares), quienes deberían colaborar desinteresadamente; sin embargo, suelen presentarse solo en casos de reclamos de bienes que les otorguen beneficios personales. Observamos que las instancias monitoras no cumplen sus propósitos.

Desde hace años las industrias farmacéuticas financian estudios en los cuales se sugiere que el uso de anticonvulsivos y anti-ansiolíticos, tales como la carbamazepina y risperidona a personas con discapacidad, son beneficiosos para su salud, aunque no lo necesiten, una vez comenzado su uso, es perjudicial abandonarlo, lo cual en el caso de las mujeres, suele crear efectos dañinos en su ciclo menstrual, quistes y depresión. La problematización de esta situación se ha incrementado frente a la actual crisis humanitaria en la cual estos tipos de medicamentos son de difícil adquisición, lo cual provoca  episodios epilépticos y psiquiátricos severos que han costado la vida a muchas de ellas.

Actualmente el Estado brinda muy pocas opciones para la formación educativa de las mujeres y personas con discapacidad en general en nuestro país. Es sumamente difícil que una persona con discapacidad intelectual ingrese en el sistema educativo regular bajo la propuesta incluyente, y si lo logra, suele hacerlo solo hasta el 6to grado de educación básica. Al terminar este nivel y rondar la edad reproductiva, el temor de los padres antes la posibilidad de un embarazo, los mueve a confinar a estas niñas al interior de las casa, situación que día a día se acrecienta ante la ausencia de talleres formativos, de profesionalización de oficios o capacitación laboral básica para esta población, en otros casos la falta de monitoreo, educación sexual adecuada, ha incrementado los casos de mujeres con discapacidad que son embarazadas en contra de su voluntad, y que posteriormente son sometidas por instituciones o familiares a realizarse abortos sin su conocimiento, proceso de esterilización , o desprendimiento forzado de sus hijos al nacer.

Los actuales currículum de educación básica y media, carecen de las competencias, indicadores y ejes transversales que incluyan la formación de los niños y adolescente en el trato y convivencia con mujeres y personas con discapacidad, no existe un área de fortalecimiento a la inclusión que cuente entre los contenidos de formación progresiva con la enseñanza  del lenguaje de señas, trato a personas con dificultad visual, autismo, entre otros, lo cual continuará generando rechazo y disposición de las futuras generaciones a convivir con una sensibilidad social y consciente de las necesidades y diferencias de otros, acorde con la sociedad progresista, igualitaria e inclusiva que todos queremos.

Propuestas:

  1. Garantizar la protección de la mujer con discapacidad a través de un Consejo de Tutela, que sea monitoreado por las figuras competentes dentro la comunidad (consejo comunal, Asociaciones Civiles, O.N.G) o voluntariado, que logren hacer aplicar y articular la LOPNNA y la Ley para las Personas con Discapacidad, con el propósito de que los miembros colaboren efectivamente para lograr soluciones.
  2. Activar planes de contingencia y de situaciones de riesgos e relación con las mujeres y  población con discapacidad a través de la creación de redes de apoyo entre distintas organizaciones humanitarias que unifiquen y sistematicen esfuerzos con el propósito de mitigar la actual crisis sanitaria que afrontan las niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad en general ante la escasez de medicamentos esenciales para mantener su calidad de vida.
  3. Fortalecer el trabajo comunitario activando los entes locales, municipales y gubernamentales para generar proyectos, fortalecer la contraloría social y adecuar la actuación de los comités responsables de velar por la asistencia educativa, protección y educación sexual especializada y seguridad social de las mujeres personas con discapacidad, en especial las competencias asignadas a los consejos comunales, ya que estos no cumplen el objetivo para el cual fueron creados.
  4. Promover la declaración del Año Nacional de las Personas con Discapacidad, desde el movimiento de las Mujeres, para lograr las iniciativas oficiales que permitan abordan las situaciones de violencia, discriminación y exclusión que se observan en relación a las niñas y mujeres con discapacidad.
  5. Revisar y ajustar el marco legal derivado del Código Civil y su relación con las normas específicas de discapacidad, en particular, las disposiciones de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), instrumentos necesarios para generar un grupo familiar integrado bajo el orden educativo que llevará la coordinación.
  6. Realización de un plan nacional educativo para padres, docentes de todos los niveles y responsables de instituciones educativas, con el propósito de formarlos adecuadamente en atención de calidad a personas con discapacidad, adaptaciones curriculares educativas, herramientas pedagógicas específicas, e intercambios comunicativos, propiciando así la inclusión de las personas con discapacidad a una sociedad comprensiva de las diferencias, sensible y solidaria con las necesidades de los demás.
  7. Modificar  los Currículos Educativos de la Educación Básica y Media, incluyendo áreas, contenidos, indicadores y ejes transversales que contribuyan a formar integralmente a las futuras generaciones, en competencias de igualdad de género, asistencia y convivencia con personas con discapacidad, y educación emocional, que rescaten la formación moral, cívica y humana necesaria para la eliminación de la discriminación e intolerancia de la que suelen ser víctimas estas personas, y propiciar el aprecio y valoración que se merecen.

Recomendaciones

  • Difusión de los términos “personas con discapacidad”, en el contexto de la “vulnerabilidad” y “personas con necesidades especiales” en el marco de la “educación especial” (Artículo 81 CN)
  • Revisar el uso del término “población en situación de vulnerabilidad” o “poblaciones vulnerables” pues, tienden a “invisibilizar” la situación de las personas con discapacidad, en general, y de las niñas o mujeres con discapacidad en particular.

Integrantes de la mesa de trabajo:

Ana Sánchez (Fundación Loto Azul)

Corina Zurita V. (Damas Salesianas)

Ideni Villalba (Fundación Loto Azul)

Jeanny Nayarit Guillén (Ministerio Público de Mérida)

José Gregorio Delgado (UNIANDES)

Ligia Escalona (Jardín de la Esperanza)

María Elizabeth Zuibarán (Cáritas)